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PRESIÓN FISCAL EN LA CIUDAD


27 de diciembre de 2018

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“Se hace necesario un régimen de emergencia para aliviar la crisis del sector”

Más de un tercio del costo laboral de cada empleado corresponde a impuestos. En un contexto recesivo y con falta de financiamiento las Pymes porteñas deben tributar a la Nación (Ganancias, IVA, Impuesto al Cheque) y a la Ciudad (Ingresos Brutos, Sellos). Además, en el último mes del año las empresas enfrentan pagos extraordinarios o no recurrentes

Según un informe elaborado por la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FECOBA) a través del Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva (CIPBA), la carga impositiva de las Pymes porteñas es fuerte. No sólo los impuestos engrosan los costos de las empresas, sino que deben soportar hoy aumentos muy altos en su costo de producción, principalmente por los incrementos de las tarifas de los servicios públicos durante los últimos tres años; falta de financiamiento; altas tasas de interés y, en el último mes del año, el pago de aguinaldo y del bono de 5.000 pesos (este último como gasto extraordinario).

En términos impositivos, las empresas porteñas tributan al fisco de la Nación y al de la Ciudad. De los impuestos nacionales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias son los principales.

El IVA es un impuesto sobre el consumo que se calcula en base a las ventas de las empresas. En general, la alícuota del IVA es del 21%.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, a partir del ejercicio 2018 las empresas pagan el 30% del resultado después de impuestos y costos financieros. Si bien bajó de 35% a 30% este último año, antes los accionistas podían distribuirse los dividendos sin pagar impuestos por esas ganancias a nivel personal. Sin embargo, hoy la empresa tributa 30% pero, si no reinvierte las utilidades, los accionistas pagan un 7% de impuesto por ese dividendo. La alícuota se mantendrá en 30%, en 2019 y caerá a 25%, en 2020.

A nivel nacional, las empresas también deben pagar el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios, más conocido como “impuesto al cheque”. Este tributo establece una alícuota del 0,6% a una operación de débito o de crédito, por lo cual al hacer ambas operaciones es un 1,2%.

Desde mayo 2018 las empresas pueden computar 33% de dicho gravamen a cuenta de Ganancias o Ganancia Mínima Presunta. Este cómputo seguirá subiendo hasta el 100% en 2022, lo cual ayudará a reducir la presión tributaria. Con la Ley 27.264 de fomento a las Pymes, las micro y pequeñas empresas pueden computarlo como pago de ganancias; en el caso de las medianas tramo 1 manufactureras pueden computar hasta el 60%.

Otra cuestión clave es la regulación del sistema bancario. Las Pymes padecen la desmedida presión de las altas tasas vigentes. A esto se suma el 1% que cobran algunos bancos, porcentaje que es variable, a las empresas que realicen depósitos en efectivo desde 50 mil pesos mensuales.

A nivel Ciudad, el principal impuesto que deben tributar es el aplicable a los Ingresos Brutos, trasladable a precios, tal como el IVA. Si bien varía por sector y tamaño de empresa, en promedio tributan un 3% de los IIBB, pero llega hasta el 5%.

A partir de la Ley de Presupuesto 2019, se incluye una baja en la alícuota de Ingresos Brutos, que será aplicable a la industria manufacturera (baja de 2%, en 2018 a 1,5%, en 2019), a la construcción (de 3%, en 2018 a 2,5%, en 2019) y al sector de transporte y comunicaciones (de 5%, en 2018 a 4,5%, en 2019).

Este descenso es parte de la baja escalonada programada hasta 2022. Con ese esquema, en ese año las empresas de la Ciudad dedicadas a la industria no pagarán este impuesto, mientras que aquellas del sector construcción tributarán una alícuota por IIBB de 2%.

Sin embargo, no todas las empresas comerciales y prestadoras de servicios gozarán de esa baja. Accederán a la misma aquellas empresas involucradas en el comercio minorista o mayorista que facturen menos de 10 millones de pesos, cuya alícuota es del 3%. Si el monto de facturación oscila entre 10 y 55 millones de pesos, la alícuota subirá de 3,5%, en 2018 a 4%, en 2019, escalando hasta 5%, en 2022. Y para aquellas empresas de comercio (excepto minorista de productos de limpieza y tocador) y servicios cuya cifra de facturación superior a 55 millones de pesos, la alícuota es del 5% desde 2018 en adelante.

Además de las bajas esperadas en IIBB impulsadas a nivel nacional, en pos de aliviar la situación fiscal del sector Pyme, en septiembre el Gobierno porteño suspendió por 180 días las retenciones bancarias del Sistema de Recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre acreditaciones bancarias (SIRCREB). No obstante, esta medida aplica a empresas cuya facturación en 2017 haya sido menor a 10 millones de pesos.

Otro impuesto distorsivo es el impuesto a los sellos, que aplica a las escrituras públicas o a cualquier instrumento mediante el cual se transfiere un inmueble. También alcanza a los contratos de locación y sublocación de inmuebles en los que se desarrollen actividades comerciales y de viviendas con muebles que se arrienden con fines turísticos. En estos acuerdos, cualquiera de las partes lo paga. La alícuota general es del 1% pero para ciertas operaciones es variable: las alícuotas van desde 0,5% para contratos de leasing, locaciones y sublocaciones de inmuebles ubicados en una o en varias jurisdicciones hasta 3,6%, en la transferencia de buques e inmuebles. También alcanza este tributo a las operaciones monetarias (1,2%), contrato de seguros (1%).

La reducción gradual del Impuesto al Sello se postergó hasta 2020. Por otro lado, la Ley de Presupuesto 2019 establece que el ABL subirá un 34% en promedio, con un tope de 38%. En el caso de las patentes, la suba promedio será del 25%.

PRINCIPALES IMPUESTOS PAGADOS POR LAS 
EMPRESAS EN CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fuente: CIPBA

Otra preocupación impositiva que impacta en la competitividad de las empresas es el alto costo laboral. Al margen de los aportes que hace el empleador, una empresa asume un costo laboral que excede al salario bruto. Este importe incluye fondo de empleo (1,1% del salario bruto), asignaciones familiares (5,6% del salario bruto), previsión social (12,7%), PAMI (1,6%) y obra social (6%). Recién, luego de todos estos aportes, se llega al salario bruto del empleado del cual deben restarse los aportes personales del trabajador.

En la gran mayoría de los casos, un empleado en relación de dependencia hace aportes personales que representan el 17% de su salario bruto. Esta cifra se desglosa en un 11% de previsión social, 3% de aporte a PAMI y otro 3% a la obra social.

Concretamente, el costo laboral final de una empresa es más de 50% superior al salario neto percibido por el trabajador. Visto de otro modo, casi el 35% del costo laboral son impuestos. Ejemplo: para que un empleado reciba un sueldo de bolsillo de 30.000 pesos, la empresa debe pagar casi 46.000 pesos.

EJEMPLO DEL COSTO LABORAL DE UNA 
EMPRESA POR TENER UN EMPLEADO

Fuente: CIPBA

Al margen de todas las contribuciones precedentes, el empleador está obligado a pagar un seguro de riesgo laboral del empleado a las denominadas ART (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo). La prima que se paga está compuesta por una alícuota fija multiplicada por cada trabajador registrado, una alícuota variable calculada sobre la masa salarial y un importe fijo pagado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales (FFEP), multiplicado por cada uno los trabajadores. Las alícuotas son muy distintas, ya que dependen del sector y el riesgo de la actividad de cada empresa.

En junio del presente año, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) emitió una resolución (Resolución 53/2018) mediante el cual bajó el tope de la alícuota para micropymes con la intención de incrementar el trabajo registrado. Esto en el marco del Régimen de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral (Ley N° 26.940). Para el caso de las empresas beneficiadas del sector de comercio el tope bajó de 6% a 3%. Las mismas alícuotas de comercio aplican a la banca, los seguros y los servicios profesionales. Para el sector de industria manufacturera cayó de 9,3% a 5%. En el caso de la construcción, la baja fue de 16,5% a 12%.

Las empresas beneficiarias de la resolución de la SRT son aquellas micropymes que empleen a cinco o menos empleados y facturen menos de 24 millones de pesos por año (facturación anual bruta neta de impuestos).